¿Cuándo es ley y cuándo es crimen el uso de la violencia?
La expansión fuera de lugar protagonizada por la violencia durante este siglo invita a pensar que no hay posibilidad alguna de revelar su existencia sin poder hablar del enorme conflicto que acarrea, visible sin lugar a dudas en las grandes migraciones que causa. Son innumerables las señales de horror y zozobra que están vivas en nuestras sociedades, pero lo son también las intransigentes medidas para afrontarlas que desde la política se plantean.
En tales circunstancias se resquebrajan los fundamentos que sostienen al Estado como garante de una convivencia pacífica, y las democracias se vuelven permeables a toda una serie de extraños acontecimientos respaldados por una legalidad encorsetada propia de situaciones de urgencia.
En dicho contexto podríamos rastrear, por ejemplo, el mapa socio-político tras los asesinatos de Ayotzinapa, ¿muestran las trágicas consecuencias de dicha violencia, o lo que vienen a reflejar es la expresión de fuerza de un Estado que recurre a ella para no ceder ante la vigilancia de la democracia?
Casos así hacen posible que poco a poco se vayan sucediendo (y lo que es peor, permitiendo) un mayor número de situaciones violentas y represivas por parte de los Estados, con actuaciones que pretenden ser normalizadas e incluso necesarias, pero que lo único que consiguen es pervertir las libertades e impulsar las tiranías.
Las consecuencias de todo amanecer invernal van exigiendo refugio, calor y la protección necesaria frente a tanta barbarie. Pero he aquí que estamos ante un dilema que poco ayuda para resolver la opulencia de tanta mezquindad. ¿Cómo vamos a buscar abrigo en casa de nuestro propio verdugo?
Revolcándonos en la legitimidad de la violencia no alcanzamos a subsanar tanto delito. Pero hemos de hacerlo para gravitar a su alrededor y después posibilitar un nuevo argumento.
La pregunta inicial, por tanto, se mantiene y ha de ser pragmática. ¿Cuándo es ley y cuándo es crimen el uso de la violencia?
En toda forma de Estado se define a éste como única entidad autorizada para ejercer la violencia en el territorio que lo conforma. Esta teoría ha de contemplar la legitimidad necesaria, otorgada lógicamente por los habitantes que en dicho territorio se integran.
Photo by Joséluis Vázquez Domènech
Dicha legitimidad es concedida bajo unas premisas determinadas, pero éstas se encubren y tergiversan hasta el punto de traspasar todo límite de legalidad y, además, querer ocultarlo.
El monopolio de la violencia recae en manos del Estado y, por tanto, nadie más podrá apropiarse de él sin que sea penado o criminalizado. La excepción vendría de la promulgación de leyes autorizadas para tal fin, es decir, de la posibilidad de utilizar la violencia para defenderse uno mismo o para defender sus propios bienes (entendiendo siempre que dicha autoridad es ofrecida, claro está, por el propio Estado).
Esta arquitectura administrativa se extiende a todos los países de nuestro entorno, y si bien el Estado concentró los medios de violencia para pacificar la sociedad, todo parece indicar que en su desarrollo abrazó la causa de la disciplina como eficaz medida de control y seguridad.
Hasta tal punto ha sido así, que abandonando su función principal ha terminado por ensalzar un Estado penal donde las doctrinas autoritarias son la máxima en su actividad.
Así, el interrogante se bifurca. Por un lado habría que determinar dónde están los límites de su ordenamiento y, por otro, constatar cómo se procede para despojarnos de tanta justicia.
Si algo hay que revelar sobre el modo de pronunciarse de nuestras democracias es, sin duda alguna, el excesivo uso de reglamentaciones ad hoc para minimizar la respuesta ciudadana. Queda claro que los respectivos gobiernos se apropian de todas las licencias para consagrar sus arbitrarias formas de articular el poder. Y subsiste así una estrategia que inmediatamente conduce a una ruptura importante entre las estructuras estatales y el conjunto de la sociedad.
Considerando las múltiples maniobras empleadas por las diferentes jefaturas nos daremos cuenta de que estamos enfrentados a manipulaciones sociales de alta intensidad. Dichas estrategias están dirigidas con precisión, con el único fin de limitar la defensa de nuestros derechos y profanar los valores de nuestras libertades. Generalmente arropados bajo argumentos exóticos y subvencionados por el capital y los beneficios de las élites.
El funcionamiento de los sistemas de partidos, la regulación de las representatividades políticas, las licencias de comunicación y libertad de radio y prensa, las construcciones de mayorías irrelevantes con las cuales poder gobernar, el fraude de la separación de poderes o la implantación del miedo como elemento propulsor que nos coacciona, son solo una pequeña parte de las perturbaciones a las que nos someten “en nombre del bien común”. Éstas medidas excepcionales tienen un respaldo que contribuye a poder evitar su deterioro, y a este respaldo lo llaman La Ley…
Uno de los mayores males de nuestras democracias es que se ha ido extendiendo la creencia de que las leyes son el fundamento de las causas justas. Razón de más para no olvidar dos de las ideas fundamentales que expongo: los Estados perviven a través de mecanismos insuficientes de legitimación y la ley que les ampara no responde a los parámetros de la justicia sino a los intereses manifiestos del poder. Viene bien recordar a Montesquieu, “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.
Este análisis da buena cuenta, a través de la Ciencia Política, de la necesidad de transformar los principios por los que se regulan nuestros Estados. Pero es la Historia, con su espléndida biblioteca, la ciencia que narra todo lo que acontece y quien mejores y más respuestas nos brinda. Todas las libertades, sociales y políticas, todas las mejoras económicas y todas las transformaciones que han dado lugar al derrocamiento de poderes, élites, imperios, o gobiernos absolutistas, se han producido siempre bien a través de revoluciones sociales o bien con la inestimable ayuda de innumerables revueltas.
Recordatorio. Quien nos domina no nos va a conceder el privilegio de escaparnos de sus lindes. Aunque busquemos otras formas, casi todas las salidas de la opresión han sido y seguirán siendo violentas.
Esta pequeña alusión puede sonar contundente, y para muchos, insolente. Sobre todo en estos tiempos de indignación de manos blancas y de silencios cómplices. Pero el cambio, si se desea, ha de corroborarse a través de la postura que se defiende. Es imposible la transformación sin la exigencia del cambio radical de los acontecimientos. O lo que es lo mismo, no es posible indignarse para pedir dicho cambio si no contribuimos a la ruptura de parte del sistema. Siempre, claro está, que el propio Estado no retroceda o deje de alimentar la violencia (claros ejemplos son los mal llamados procesos de paz, como puede ser el de Colombia).
El sistema, el Estado, los gobiernos y nuestras democracias, están muy bien diseñados para asustarnos, para disuadirnos, para hacernos ver aquello que no existe, para aprender a distinguir entre el mal y su justicia. Todas las herramientas están a su alcance. De ese modo, que alguien pueda mirarse y declararse antisistema es no solo extraño, sino hasta delictivo. Tememos hasta el significado desnudo de las palabras, reconstruidas para protegernos de nuestros pensamientos y nuestra actitud.
Electores, pobladores, habitantes y vecinos, saben que ha de haber responsables, saben que la política no funciona, que nuestro país se tambalea, que las finanzas nos ahorcan, que las multinacionales nos violan. Millones de personas saben que este sistema no solo no nos ayuda, sino que nos estrangula, y están en contra de su mecanismo, de su puesta en escena. Saben que es necesario ir contra él y que hay que derribarlo, para construir uno nuevo. Y casi nadie se atreve a creerse antisistema…
Mantener la pasividad o la negación (también intelectual) es como intentar ganar la batalla refugiándonos en casa del enemigo.
La violencia no es siempre la misma. En la confrontación y lucha por la dignidad y por los derechos, su conciencia revuelve la diplomacia. Cuando los nuevos pobladores persiguieron a los indios, éstos necesitaron hacer uso de ella para sobrevivir en sus montañas. Cuando los europeos colonizaron África, los esclavos enfundaron las armas para impedir su exterminio. Cuando los turcos decidieron batallar contra el pueblo armenio desarmado, los aniquilaron, y un millón y medio de habitantes fueron forzados a marchas kilométricas, atravesando zonas desérticas para morir de hambre, de sed, de robos y violaciones.
Cuando la maldad te mira de frente y quiere borrar tus pisadas, puedes rebelarte o no, pero no hay ética que respalde tu caída ni razón que ampare o defienda tus heridas. No hay cobijo para la barbarie, y a veces, hay que hacerle frente.
¿Tiene el amenazado que legitimar su derecho a la defensa? Estamos bajo las órdenes de terceros que degradan nuestra moral y nuestras conductas. Las leyes de nuestros gobiernos socavan el orgullo de los ciudadanos, y nos someten a penurias que anulan hasta nuestra voluntad. La inmoralidad, el engaño y la perversión son los colaboradores represivos a los que ya nos han acostumbrado.
Lo acontecido a lo largo de la Historia no ha de cubrirnos los ojos, sino abrirnos la mirada. Lo dejó escrito un alemán, Max Stirner, hace muchos años; “El estado llama a su propia violencia ley, pero a la del individuo crimen.”
Un dominio propio 